Midiendo con el diálogo y consenso

Más o menos una vez por mes seguimos cumpliendo con parte del cupo populista que gentilmente nos invita a ocupar la gente de la revista El Estadista, que dicen que no es aburrida y ahora tiene blog.
Dejo una nota medio apuradona pero que creo que se entiende y que publiqué allí el mes pasado.

En busca de los consensos “kirchneristas”

El “sentido común” sobre el kirchnerismo indica que se trata de un movimiento político acostumbrado a dividir y reinar. En su ADN está una dinámica que apunta a resaltar las diferencias que lo distancian del resto de la dirigencia. Ese “redoblar la apuesta” ante cada demanda se convierte en la principal base de sustento para su poder.
Es así que la oposición no se cansa de cuestionar desde hace varios años el tono “crispado” del oficialismo y reclama por instancias concretas de “diálogo y consenso”.
Para enfatizar la mentada vocación disruptiva del oficialismo, buena parte de los partidos de oposición firmó a fines del año pasado un acuerdo con una serie de puntos básicos que se comprometen a plantear en sus plataformas. El listado incluye una serie de postulados más bien “constitucionales” como el respeto a la división de poderes, el federalismo, el manejo transparente de la cosa pública, el respeto de las mayorías a las minorías.
Más allá de esta visión, con una gestión que se ha mantenido firme en el poder de 2003 a esta parte y que conserva posibilidades de reelección habría que preguntarse si no existen en la Argentina acuerdos “tácitos” sobre políticas públicas más allá de lo que indica la retórica de cada trinchera.
¿Los acuerdos o desacuerdos sobre políticas concretas en el sistema político funcionan como los plantean los propios actores o se puede ver un poco más allá?
Los precandidatos presidenciales han empezado a dar a conocer propuestas -una forma de conocerlas de manera más o meno sistemática proviene de leer una serie de entrevistas publicadas en el diario La Nación- y ya se pueden rastrear algunas líneas de coincidencia que llaman la atención.
Si se analiza cuál será la política frente a las “protestas callejeras” que tanto preocupan a algunos medios de comunicación, queda claro que, por ejemplo, Ricardo Alfonsín y Pino Solanas, hablan de no reprimirlas. Ambos se pronunciaron por no enfrentar las manifestaciones “a sangre y fuego” y encarar los cortes de calles haciendo intervenir “a la Justicia”. Un discurso asimilable al que suele plantear el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde hace años.
Por su parte, Ernesto Sanz, del que los medios destacan su buen diálogo con el gran empresariado, coincidió en “una política muy clara que no pasa por la represión” y que promueva la “disuasión pacífica”.
En cuanto a la política frente a los sindicatos, más allá de la “demonización” de Hugo Moyano por parte de sectores de la oposición, afloran algunos consensos. Alfonsín, por ejemplo, aseguró que de llegar a la Presidencia no reprimiría los bloqueos sindicales ante empresas. Y que para combatir la inflación no empezaría por poner topes a las actualizaciones salariales en paritarias, un mantra que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada traduce año tras año en “ni techo ni piso”.
Del lado del peronismo disidente, Eduardo Duhalde, más allá de su enojo con el kirchnerismo y de atacar a algunos gremios “conflictivos”, no plantea una ruptura total con las políticas del oficialismo. No está dispuesto en una primera instancia a otorgarle la personería gremial a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Y también habló de sostener una política salarial con discusiones “libres” en paritarias.
Duhalde agregó dos elementos más en los que no le interesó polemizar con el oficialismo: aseguró que el Consejo de la Magistratura “funciona bastante bien” como está y dejó un dato económico que lo desvincula de las visiones más “liberales”, al sostener que impediría las auditorías de los técnicos del FMI, ya que no piensa pedirle dinero al oragnismo con sede en Washington.
Mientras tanto, el tan criticado “Fútbol para Todos” parece intocable: Eduardo Duhalde y los precandidatos radicales hablaron de mantenerlo, aunque con otro esquema de manejo de fondos y pauta publicitaria.
En cuanto al tema de la inflación, Elisa Carrió, siempre muy crítica del Gobierno nacional, asegura que “no es necesario enfriar la economía” para reducirla, un postulado con el que el ministro Amado Boudou estaría, en principio, de acuerdo.
A su vez, el radical Sanz asegura que el componente “monetario” de la inflación -aquel sobre el que suelen machacar los economistas ortodoxos, más críticos de la política económica oficial- no es el más importante para explicar la suba de precios. Sí lo es el hecho de que, en sus palabras “la oferta está perdiendo la batalla con la demanda”. Cuando volteamos la vista hacia el ministro de Economía, nos encontramos con que sus cuestionamientos van hacia algunos empresarios que buscan retocar precios, en lugar de aumentar las “cantidades” producidas, en momentos en que “el Gobierno asegura una demanda” sostenida. No podría decirse que los planteos son por completo antagónicos.
Sobre la política de servicios públicos hay algunas líneas de acuerdo. Solanas se pronuncia a favor de de mantener Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal y asegura que deben sostenerse los subsidios a los ferrocarriles.
Sanz, a su vez, a pesar de ser presentado como un firme candidato pro-empresa, sostiene que le es “indistinto” si un servicio de transporte está a cargo del Estado o de privados. Evaluó que en esa materia no hay que “tenerle miedo al déficit” que puedan tener Aerolíneas y los Ferrocarriles, porque así es el manejo de ese tipo de empresas todo el mundo -siempre aclarando que reduciría ese rojo para hacerlo “sostenible”-.
Desde la oposición suele escucharse un clamor contra los abultados subsidios que maneja el ministro Julio De Vido desde el inicio de la gestión kirchnerista. Al acercar el oído, las palabras de Sanz no suenan tan hostiles: “Las distorsiones no están dadas por los montos, sino por la aplicación. No le tengo miedo al subsidio al transporte en la medida que eso genere un beneficio al usuario”.
Hasta Mauricio Macri señaló que la política de subsidios llegó para quedarse en la Argentina: existirán esos fondos "mientras existan pobres”, evaluó.
Otro elemento que la mayoría de los candidatos no cuestiona es el de los juicios en marcha a represores por violaciones a los Derechos Humanos. El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, había criticado en su momento que se multipliquen los jucios por distintos casos a los mismos represores en diferentes tribunales del país. Pero los candidatos de la UCR hablan, en definitiva, de dejar actuar a la Justicia sin “intervenciones” y de acuerdo a sus propios criterios. Y un criterio similar de “esclarecer” lo que se lleva ante la Justicia utilizó Mauricio Macri.
Un pilar de la política económica de 2010 para el Gobierno nacional fue el uso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda pública, lo que fue cuestionado con dureza por la oposición durante todo el verano pasado. Incluso desde la vereda de enfrente del Gobierno se meneó la “autonomía” de la autoridad monetaria. No dejan de sorprender en ese sentido las apreciaciones de Sanz en cuanto a que “absolutamente” echaría mano a esos fondos. “No creo en un Banco Central desligado de la economía real, en un Banco Central que sea una isla. Creo que el Banco Central es una herramienta para un proyecto económico de desarrollo”.
Sobre la política previsional parece haber también otro consenso: no hay vuelta atrás al sistema de AFJP. A pesar de que varios bloques opositores rechazaron la estatización de los fondos en 2008, la mayoría de los candidatos de la vereda de enfrente a la del Gobierno nacional no hablan de retomar el sistema mixto.
Un eje adicional de acuerdos surge a partir de la Asignación Universal por Hijo (AUH): se habla de mantenerla, extendiéndola a quienes aún hoy no la reciben.
Visto así, por fuera de las adjetivaciones que se cuelan en los medios de comunicación, en algunas ocasiones grandes “fogoneros” de esas diferencias, la dirigencia argentina de principios del siglo XXI va delineando una serie de políticas públicas que si bien no son aún consideradas como “de Estado” comienzan a convertirse en parte de un sentido común que no existía cuando Néstor Kirchner asumió en 2003.
Se trata de un sentido común que emparenta las políticas de la Argentina a la de otras economías “emergentes”, que se reservan para sí ciertos resortes estatales con algún grado de discrecionalidad -subsidios, estatizaciones, uso de reservas internacionales, fondos jubilatorios-. Se trata de márgenes de maniobra mayores o menores que cada país -en el caso de América Latina, pero también en el de Asia- define de acuerdo a su posición internacional, sus entramados políticos internos y su historia.
Para la Argentina actual, se trata de un esquema en el que se buscan equilibrios políticos y también sociales -no represión de la protesta callejera y extensión de planes de ayuda a la pobreza-. Y donde el poder de negociación sindical, más allá de las críticas a uno u otro dirigente, es tomado en cuenta como un dato de la realidad.
Por otra parte, a ello se suman visiones políticas donde el castigo a las violaciones a los Derechos Humanos está presente en todo el espectro más a la izquierda o más a la derecha.
Si bien nadie está dispuesto a ponerle la firma a un “pacto” al estilo de los de “la Moncloa”, habrá que tomar nota que, aún si se imponen en las elecciones dirigentes plantados en la oposición, no todo será ruptura en la Argentina del período 2011-2015.